Autoridad: ¿por ley o por calidad?

Valencia - España.- (Salvador Peiró Grégori - Universidad de Alicante - Grupo de estudios de actualidad de Valencia - Las Provincias) Antes de ayer se recordaba que la Comunitat Valenciana ya había anticipado la consideración del docente como autoridad pública (decreto sobre convivencia escolar), pero sin centrarse tan claramente en la consideración del docente como autoridad pública como la Comunidad de Madrid. También el Rey de España ha defendido el mismo principio, refrendado por el ministro de Educación, ambos con motivo de la inauguración del curso escolar. Tales planteamientos no vienen porque con el tiempo haya madurado esta cosa pública. Hay una historia detrás de tales iniciativas; por ejemplo, la idea valenciana comenzó como consecuencia de nuestros trabajos y las consideraciones del comité de expertos del observatorio de la violencia escolar. No obstante, tales deliberaciones fueron precedidas por equipos anteriores de la Generalitat, que comenzaron des de la inspección de Alicante. Luego, se intentó prestigiar informalmente la figura del docente mediante cortos publicitarios en TVV. El resultado hizo poco; sin embargo, sí motivó plantear otras medidas como el mencionado decreto de convivencia.
Entiendo que ahora el reactivo que impulsa la nueva recuperación de la autoridad formal del profesor es el informe que sobre la situación ofrece la encuesta efectuada sobre 23 países (Talis de la OCDE, junio 2009). Esta remarca que los alumnos españoles están a la cabeza de Europa en indisciplina. En esta se explica que el 75% de los profesores consultados a nivel internacional creen que faltan medidas para incentivar la calidad de la enseñanza.
No obstante, surgen dudas, pues la propuesta de 'autorizar' al profesor por ley ¿será efectiva? Desde mi punto de vista, la norma es como una guía y, también, ofrece perspectivas disuasorias respecto a malos modales. Consiguientemente es necesaria y va por buen camino tal medida legal. Pero la norma por sí no es suficiente, ya que debe referirse a su finalidad valiosa, que es lo importante. La autoridad demanda respeto, obediencia, orden, cuidado de los enseres, etc. Entonces, antes o al mismo tiempo que legislar sobre autoridad, hay que pensar un modelo sobre cómo promover la autoridad de maestras y docentes. Bien, ahora me explicaré yendo al fondo del problema.
Autoridad supone un autorizante y un autorizado. Primariamente, quien delega la autoridad es cada familia. Pero, en la dinámica de la relación directa entre alumnos y profesor, el alumno ha de autorizar al que recibe la venia docente por ley (consideración de autoridad pública). Pero, si el autorizado (profesor) sólo la asume desde esta perspectiva formal, se quedaría corto y apenas serviría de nada, puesto que pudiera ser que sólo «no actuarían en su contra» por temor, esto no educaría. El enseñante recibe la autoridad «en función de» (Bochenski, 1979). En este sentido, la autorización verdadera la dan los padres 'in jure', pero eficazmente la hacen real los alumnos, que aprecian la autoría de los saberes que tienden a aprender (en la medida que el docente sabe bien y lo explica efectivamente) y a la vez tales estudiantes, debido a la actuación e influencia del docente, manifiestan, cada vez más, mejor grado de autocontrol y autonomía. En este contexto, si la relación educador-educando no es eficaz, no sólo suspenden, sino que provocan aburrimiento. Y, si el asunto sucede entre los de la ESO, se generan conflictos.
Una explicación de esto nos la ofrece Jacqueline Eccles, de EE UU (2008), que puso de manifiesto que la Educación Secundaria conllevaba una serie de cambios con respecto al tramo anterior que no solían ir en consonancia con las nuevas necesidades del adolescente; muy al contrario, escuela y alumnado parecían seguir caminos divergentes que culminaban con un claro desencuentro. Esto se explica porque la entrada en la adolescencia conlleva unas mayores capacidades cognitivas que requerirían actividades más estimulantes y retadoras. Pero, cuando un IES sólo ofrece actividades rutinarias (según algunos estudios, copiar del encerado parece la tarea a la que el alumnado dedica más tiempo), que suponen un escaso alimento para su pensamiento formal, entonces el aburrimiento se transforma en aborrecimiento de la situación. La proyección hacia los demás no se deja de esperar y surge la crisis.
Recordemos que los estudiantes del IES manifiestan necesidad de autoafirmación personal; tienen problemas de autocontrol emocional que da mayor irritabilidad; suelen proyectar fuertes descargas de rabia, que engrandecen la disconvivencialidad escolar; también sienten falta de motivación o interés hacia lo mero abstracto, que son las lecciones memorísticas, etc. Todos estos aspectos se multiplican por cada uno de los chicos y chicas que convergen en el aula. Por esto, durante estos años, las relaciones entre alumnado y profesorado se tornan más tensas y distantes, llegándose en algunos casos a auténticos enfrentamientos. Esto se concreta con lo mencionado por el informe Talis (2009), el cual nos asegura que somos uno de los países con mayores interrupciones durante las clases, así como absentismo e impuntualidad de los alumnos. Aseguran allí que el clima de enseñanza-aprendizaje está muy enrarecido: el 27% de los maestros españoles han sufrido intimidación verbal. El 40% de los profesores se quejan de que sus alumnos son conflictivos. El uso o posesión de drogas y alcohol en las aulas españolas es del 20%, mientras que la media europea es un 11%. Los profesores españoles dedican el 16% del tiempo lectivo a imponer orden en clase.
Por consiguiente, escudarse en «no me toques que soy 'autoridad'» es un peligro de intentar generar un poder hueco, incluso anoréxicamente ético. Sería una especie de autoritarismo. El docente neoautoritario no necesita manifestarse bajo actos de violencia física, sucede también mediante procedimientos de coacción encubierta, menosprecio, violencia psíquica, discriminación, insulto cínico, manipulación, adoctrinamiento, etc., llegando así a caer en una violencia moral.
Sepamos, pues, que mediante decreto y normas de centro sólo se establecen las bases para comenzar a desempeñar la docencia. La dignidad docente exige un estatuto de tal función y este debe insistir en una dimensión deontológica: moral profesional. A la vez esto conlleva una PEC con valores humanos incorporados y desarrollados, así las normas dejarían de ser meras camisas de fuerza para ser instrumentos al servicio de la plena realización de cada alumno.
La violencia escolar surge cuando se afronta el conflicto de una manera equivocada, dando lugar a la ruptura y a una espiral conflictiva que anula las posibilidades educativas y deteriora el clima de convivencia.